Algunas situaciones de la vida pueden dejar desprotegidos a nuestros seres queridos. Pero esto no significa que sus derechos y necesidades sean olvidados. Por eso, existe la incapacitación judicial, una medida clave que vela por la protección legal de estas personas. Para comprender en profundidad todo lo que esta situación implica, en Mentor Abogados recogemos sus principales aspectos. ¡Comencemos!
¿Qué es la incapacitación judicial?
Comencemos por la definición de este término. Es un procedimiento legal en el que un tribunal declara que una persona carece de la capacidad para gobernarse por sí misma y para administrar sus bienes. Su objetivo es claro: proteger a la persona afectada para garantizar que sus derechos y necesidades sean atendidos por medio de un tutor o curador que actúe en su beneficio.
Definición legal
Contemplada en el Código Civil español, la incapacitación judicial se refiere a la situación en la que una persona mayor de edad, o un menor emancipado, es incapaz de tomar decisiones adecuadas para el manejo de sus asuntos personales o patrimoniales debido a enfermedades físicas o psíquicas de carácter permanente. La persona encargada de dictarla es un juez, quien después de una evaluación y pruebas pertinentes, toma la decisión. Para ello, se incluyen informes médicos y psicológicos que acrediten dicha condición.
Términos clave
Muchas veces se confunden algunos términos relevantes en esta materia. A continuación aclaramos algunos conceptos básicos:
Tutela
Es una figura que se establece para proteger a las personas incapacitadas, y se aplica principalmente a menores que no están bajo la patria potestad y a adultos incapacitados judicialmente.
Curatela
A diferencia de la tutela, la curatela es una figura de asistencia y no de representación total. Se aplica cuando la persona no está completamente incapacitada, pero necesita apoyo para la gestión de ciertos aspectos de su vida, como administrar su patrimonio o firmar contratos.
¿Cuáles son las diferencias entre un tutor y un curador?
En relación al punto anterior, veamos las diferencias entre estos dos puntos claves para comprender su distinción:
Tutor
Esta es la figura encargada de representar y tomar decisiones en nombre de la persona incapacitada. Tiene la responsabilidad de gestionar todos los aspectos personales y patrimoniales del incapacitado, para asegurar así que sus derechos sean respetados y sus necesidades cubiertas. Pero además el tutor cumple otra función muy importante: debe rendir cuentas periódicamente al juzgado para demostrar que está actuando en el mejor interés de la persona a su cargo.
Curador
Cuando la incapacitación es parcial, se designa a un curador. A diferencia del tutor, el curador no sustituye completamente la capacidad de la persona, sino que la asiste en aquellos aspectos específicos que el juez considere necesarios. La figura del curador es menos restrictiva, debido a que se permite que la persona conserve cierto grado de autonomía para tomar decisiones que no comprometan su bienestar.
¿Qué motivos existen para la incapacitación judicial?
Algunas personas, por diversos motivos tales como enfermedades, no pueden gestionar sus asuntos personales o patrimoniales. Entonces se puede aplicar la incapacitación judicial para protegerlas. En cuanto a los principales motivos que derivan en este estado jurídico, por lo general son problemas de salud física o mental, que afectan de manera constante la capacidad de la persona para tomar decisiones por sí misma. Veamos específicamente estas razones:
Enfermedades o condiciones:
Algunas de las afecciones que pueden llevar a un tribunal a declarar la incapacitación judicial incluyen:
Demencia
Condiciones como el Alzheimer u otras formas de demencia senil que provocan deterioro cognitivo progresivo y afectan la memoria, el juicio y la capacidad para tomar decisiones.
Trastornos psíquicos graves
Enfermedades mentales como la esquizofrenia, el trastorno bipolar en sus fases más severas, o trastornos depresivos profundos que dificultan la toma de decisiones coherentes.
Discapacidad intelectual severa
En este caso se contemplan situaciones en las que la persona tiene una discapacidad intelectual que impide el manejo adecuado de sus responsabilidades diarias.
Lesiones cerebrales
Ciertas enfermedades, como encefalitis o un tumor cerebral, o accidentes pueden resultar en una pérdida permanente de funciones cognitivas del cerebro.
Adicciones severas
En algunos casos, la adicción a sustancias que alteran la capacidad de razonamiento puede llevar a la incapacitación si se demuestra que la persona no puede gestionar su vida de forma autónoma.
¿Cómo se evalúa la incapacitación judicial?
Ahora bien, para determinar la incapacitación judicial deben seguirse una serie de pasos legales para garantizar que esta decisión sea justa y fundamentada:
Solicitud de incapacitación
Primero, los familiares allegados a la persona deben iniciar este procedimiento. Pero también puede hacerlo el Ministerio Fiscal o cualquier persona que tenga un interés legítimo en la protección de la persona afectada.
Evaluación médica
¿Qué tarea cumplen los médicos y psicólogos en el proceso? En este caso, deben otorgar un informe detallado donde se evalúa la condición de la persona, y se determina si existe una enfermedad o discapacidad que afecte su capacidad para autogestionarse.
Audiencia judicial
Luego, el juez convoca una audiencia donde se presentan las pruebas y testimonios pertinentes. Tiene que escucharse a la persona que se está evaluando y, si es posible, esta debe asistir al juicio para dar su propia versión.
Decisión judicial
Por último, y basándose en las pruebas y las evaluaciones presentadas, el juez emite una sentencia que puede declarar la incapacidad total o parcial. Además, la sentencia determina si se nombra un tutor o un curador para asistir a la persona en sus necesidades.
Consecuencias legales de la incapacitación
Es importante considerar los efectos legales que tiene la incapacitación judicial sobre la persona afectada, ya que implica la limitación de su capacidad para tomar decisiones y gestionar sus propios asuntos:
Bienes
Este es uno de los puntos claves de los efectos legales: una persona incapacitada pierde, total o parcialmente, la capacidad de administrar su patrimonio. Con esto nos referimos a que no puede vender propiedades, manejar cuentas bancarias, o realizar transacciones financieras sin la intervención de su tutor o curador. Pero, ¿cuál es su objetivo? Se busca evitar que la persona sea víctima de fraude o gestione sus bienes de manera perjudicial para sus intereses.
Contratos
En cuanto a la firma de contratos… ¿La persona puede seguir haciéndolo? Cualquier acuerdo firmado por alguien declarado incapacitado puede ser anulado, ya que se considera que la persona no tiene la capacidad legal para entender las implicaciones de dicho acuerdo. En estos casos, el tutor o curador será quien firme los contratos en representación de la persona incapacitada, siempre que beneficien a esta última.
Actos personales y administrativos
Dependiendo del grado de incapacitación, la persona puede requerir asistencia para realizar actos administrativos básicos, como solicitar documentos oficiales, decidir sobre tratamientos médicos o realizar trámites legales. En incapacidades parciales, la persona podría mantener ciertas facultades, pero con la supervisión de un curador que le asista en los actos que no pueda gestionar sola.
Tu tranquilidad, nuestra prioridad
Como hemos visto, la incapacitación judicial es una medida que sirve para proteger a todas aquellas personas vulnerables, que por alguna razón grave, no puedan gestionar sus asuntos personales. Sus dos figuras claves, el tutor y el curador, desempeñan el papel de servir como representantes legales para que la persona reciba el apoyo necesario en la toma de decisiones.
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